Casos de Éxito

Jurisprudencia relevante y litigios ganados que reflejan nuestro compromiso con la excelencia en la defensa de derechos fundamentales.

Jurisprudencia Excma. Corte Suprema Sala Civil
Tribunal Excma. Corte Suprema de Justicia — Sala Civil
ROL 6226-2022
Área Casación en el Fondo
Jurisprudencia vinculante

Caso destacado — Jurisprudencia de Casación en el Fondo

El mandato judicial no termina por la muerte del mandante

La Corte Suprema estableció que el mandato judicial no se extingue por la muerte del mandante, conforme al artículo 396 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales, que contempla expresamente esta excepción. En consecuencia, si una persona fallece luego de otorgar poder a su abogado, el letrado mantiene plena habilitación procesal para actuar en juicio, incluso para interponer demandas.

El fundamento del fallo descansa en la protección de la continuidad del proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, impidiendo que el fallecimiento del representado frustre la acción legal o impida la defensa de sus derechos.

Este fallo establece un criterio jurisprudencial de relevancia nacional, protegiendo la continuidad procesal y el derecho de representación legal más allá de la muerte del mandante.

Área de práctica

Recursos de Protección

Corte de Apelaciones de Concepción Protección N° 13.003-2018

Isapre no puede dar término unilateral a seguros adicionales contratados

La Isapre intentó terminar unilateralmente un seguro complementario (+Seguro Plus) de una afiliada con enfermedad crónica grave. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso —ratificado por la Corte Suprema—, condenando a Isapre Cruz Blanca y declarando que las Isapres son directamente responsables ante sus afiliados, sin poder usar a la aseguradora como excusa para incumplir contratos de orden público.

Recurso acogido — Ratificado por Corte Suprema
Corte de Apelaciones de Chillán Protección N° 1006-2018

Municipalidad no puede suspender giro de venta de alcoholes sin fundamento legal

La Municipalidad de Coelemu suspendió la patente de alcoholes de nuestro cliente —vigente desde 1999—, alegando falta de resolución sanitaria y recepción de obras. El tribunal declaró la suspensión ilegal y arbitraria, ya que el artículo 20 de la Ley 19.925 no contempla esa causal y la patente había sido legítimamente otorgada casi veinte años antes. Se reafirmaron los principios de certeza jurídica y confianza legítima.

Recurso acogido — Decreto alcaldicio anulado
Corte de Apelaciones de Chillán Protección N° 21.802-2024

Isapre no puede exigir exámenes médicos adicionales para otorgar cobertura psicológica

Isapre Nueva MasVida negó el reembolso de una consulta psicológica por no contar con derivación médica. El tribunal declaró la exigencia arbitraria e ilegal, pues la Ley 21.331 y las normas FONASA permiten consultas psicológicas sin orden médica. La Corte ordenó el reembolso dentro de 15 días, afirmando que la salud mental es parte integral de los derechos de salud y merece igual cobertura que la salud física.

Recurso acogido — Reembolso ordenado en 15 días
Corte de Apelaciones de Chillán Protección N° 260-2019

Municipalidad no puede rebajar arbitrariamente la carga laboral de una docente

La Municipalidad de Cobquecura redujo sin justificación la jornada de nuestra representada de 44 a 30 horas. El tribunal declaró la reducción violatoria del artículo 19 N° 2 de la Constitución y del principio de motivación de los actos administrativos consagrado en la Ley 19.880. Se ordenó la restitución de la jornada completa y el pago de las diferencias salariales.

Recurso acogido — Jornada de 44 horas restituida
Corte de Apelaciones de Chillán Protección N° 4676-2022

Municipalidad no puede no renovar contrata a profesora sin motivación jurídica suficiente

La Municipalidad de Cobquecura decidió no renovar la contrata de nuestra representada, pese a que la Contraloría General de la República había ordenado su continuidad. El tribunal declaró la actuación arbitraria e ilegal al omitir fundamentos concretos, ordenando la reincorporación de la funcionaria con pago íntegro de remuneraciones. Se reafirmó la obligación de motivar los actos administrativos y el principio de confianza legítima.

Recurso acogido — Reincorporación con pago íntegro
Excma. Corte Suprema Civil / 252422-2023 · Protección N° 1395-2023

Municipalidad no puede triplicar la carga laboral de una trabajadora sin resolución motivada

La Municipalidad de Cobquecura modificó arbitrariamente las funciones de una enfermera, asignándole nuevas tareas que triplicaron su carga laboral sin resolución motivada. La Corte Suprema —revocando la sentencia de la Corte de Chillán— acogió el recurso, declarando la modificación ilegal y arbitraria por vulnerar la integridad psíquica y la igualdad ante la ley, y ordenando la restitución a sus funciones originales.

Acogido en Corte Suprema — Funciones restituidas
Corte de Apelaciones de Chillán Protección N° 390-2024

Municipalidad impedida de destituir a trabajadora mediante sumario ilegítimo

La Municipalidad de Cobquecura destituyó a nuestra representada a través de un sumario plagado de irregularidades y luego desobedeció la instrucción de la Contraloría Regional de Ñuble que ordenó retrotraer el proceso. El tribunal declaró la actuación ilegal y arbitraria por desatender la resolución contralora vinculante, ordenando la reincorporación y el pago de remuneraciones, reafirmando la primacía de la legalidad y los derechos constitucionales.

Recurso acogido — Reincorporación y pago de remuneraciones

Área de práctica

Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos

Corte de Apelaciones de Concepción Civil N° 1993-2022

Responsabilidad del Estado por delitos durante la Dictadura Militar — Informe VALECH

Se acogió la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, declarando que los actos de tortura y vejación cometidos por agentes del Estado en 1973 constituyen graves violaciones a los derechos humanos, imprescriptibles en su acción indemnizatoria. El tribunal rechazó las excepciones de prescripción y reparación íntegra del Fisco, estableciendo que las pensiones y beneficios de las leyes N° 19.123 y 19.992 no extinguen el derecho a la indemnización judicial.

Indemnización: $150.000.000 Corte aumentó monto de primera instancia
Corte de Apelaciones de Concepción Civil N° 3122-2022

Responsabilidad del Estado — Víctima de tortura en 1987, Informe VALECH

Se acogió la demanda de indemnización en favor de nuestro representado —reconocido por el Informe Valech—, detenido y torturado brutalmente por agentes del Estado en 1987. El tribunal rechazó las excepciones del Fisco de reparación íntegra y prescripción, señalando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que las leyes de reparación N° 19.123, 19.234 y 19.992 tienen carácter asistencial, sin excluir la reparación judicial.

Indemnización: $150.000.000 Demanda acogida íntegramente
Corte de Apelaciones de Concepción Civil N° 2274-2022

Responsabilidad del Estado — Víctima de tortura en 1973, Informe VALECH

Se acogió la demanda de indemnización en favor de nuestro representado, detenido y torturado por agentes del Estado en 1973. El tribunal rechazó las excepciones del Fisco de reparación íntegra y prescripción, en línea con la jurisprudencia consolidada sobre crímenes de lesa humanidad. La indemnización fue sustancialmente aumentada en segunda instancia.

Indemnización: $100.000.000 Monto aumentado en segunda instancia
Corte de Apelaciones de Concepción Civil N° 1613-2022

Responsabilidad del Estado — Indemnización en favor del hijo de la víctima

La Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo nuestros argumentos, revocó la sentencia de primera instancia y acogió la demanda de indemnización por daños a los derechos humanos sufridos por nuestro representado en relación al daño causado a su madre, víctima de persecución política, hostigamiento y vejaciones durante la dictadura. Se estableció la procedencia del daño por repercusión indirecto en esta sede.

Indemnización: $30.000.000 Revocó primera instancia — Demanda acogida
24° Juzgado Civil de Santiago ROL: C-18116-2023

Responsabilidad del Estado — Daño por perdigones a manifestante en el Estallido Social

Se demandó al Fisco de Chile por falta de servicio derivada de que un funcionario de Carabineros disparó escopeta antidisturbios el 14 de noviembre de 2019 en Plaza Italia, causando ocho heridas por perdigones en hombro, espalda, cadera y muslo, con uno alojado en el cuerpo. La víctima sufrió dolor crónico, pérdida de movilidad y secuelas psicológicas (ansiedad, depresión e insomnio). Sentencia en revisión ante Corte de Apelaciones de Concepción.

En revisión — Corte de Apelaciones de Concepción

Área de práctica

Tutela Laboral y Derechos Fundamentales

Juzgado de Letras de Quirihue RIT: T-9-2017

Tutela laboral por discriminación política contra Municipalidad de Quirihue

Se interpuso acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, acusando hostigamiento y discriminación política a una docente municipal embarazada tras un cambio de alcaldía. El tribunal de Quirihue encontró indicios de discriminación política y vulneración de la integridad física y psíquica conforme a los artículos 19 N° 1 y 2 de la Constitución, condenando a la Municipalidad al pago de daño moral y al cese de las conductas discriminatorias.

Tutela acogida — Municipalidad condenada
Juzgado de Letras de Quirihue RIT: T-12-2017

Tutela laboral por acoso laboral contra Municipalidad

Se interpuso acción de tutela por acoso laboral, despido indirecto y daño moral. Tras la denuncia de remuneraciones impagas a la Contraloría, nuestro representado fue víctima de hostigamiento, se le denegó el uso de licencias médicas y fue despedido durante una baja por enfermedad profesional diagnosticada por la ACHS. El tribunal condenó a la municipalidad al pago de $55.000.000 por daño moral, más indemnizaciones y cotizaciones impagas.

Daño moral: $55.000.000 Tutela acogida
Juzgado de Letras de Quirihue RIT: O-2-2020

Enfermedad profesional por liderazgo disfuncional a causa de motivos políticos

Se demandó la indemnización por enfermedad profesional derivada de años de hostigamiento laboral y relegaciones injustificadas que afectaron gravemente la salud mental de nuestro representado, con diagnóstico de trastorno adaptativo grave clasificado como enfermedad profesional por la ACHS. La Municipalidad fue condenada al pago de indemnización por daño moral. Representa uno de los montos más altos obtenidos en Chile por neurosis laboral.

Indemnización: $21.000.000 Entre las más altas del país por neurosis laboral
Juzgado de Letras de Quirihue RIT: O-10-2020

Enfermedad profesional por liderazgo disfuncional mediante comportamiento hostil

Se demandó a la Municipalidad de Cobquecura por daño moral derivado de enfermedad profesional causada por hostigamiento laboral sostenido desde 2016, caracterizado por acoso, discriminación política y degradación de funciones. A pesar de resoluciones judiciales previas que ordenaban el cese de las conductas, el empleador persistió. El tribunal condenó a la municipalidad por incumplimiento de la obligación de seguridad del artículo 184 del Código del Trabajo.

Acción acogida — Responsabilidad municipal establecida
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción RIT: T-240-2023

Tutela laboral por vulneración de garantías constitucionales — Conciliación en audiencia

Nuestra representada, ingeniera civil industrial, interpuso tutela laboral contra Orizon S.A. denunciando sobrecarga progresiva de funciones sin capacitación ni modificación contractual, generando graves condiciones de estrés y enfermedades diagnosticadas. La empresa contrató a otra persona para su cargo mientras estaba con licencia y la despidió al reintegrarse bajo causal de "necesidades de la empresa". Causa resuelta mediante conciliación en audiencia de juicio.

Conciliación favorable en audiencia de juicio

Área de práctica

Litigios Civiles

1° Juzgado Civil de Iquique ROL: C-5779-2019

Acción reivindicatoria rechazada — Requisitos del artículo 889 del Código Civil

La sentencia resuelve una acción reivindicatoria interpuesta por una empresa inmobiliaria que pretendía recuperar una franja de terreno supuestamente ocupada por nuestro representado. El tribunal, acogiendo los argumentos de este estudio, concluyó que la demandante no logró acreditar los requisitos copulativos del artículo 889 del Código Civil, en especial la identificación precisa del inmueble y la privación efectiva de la posesión.

El fallo puso énfasis en que los planos y levantamientos topográficos presentados carecían de rigor técnico, y que ambos inmuebles estaban separados por otra propiedad sin contacto físico directo. La acción reivindicatoria fue rechazada en su integridad, validando los derechos de dominio inscritos y pacíficamente ejercidos por el demandado. Se reafirmó que la mera inscripción registral del demandante, sin prueba clara del despojo o de la cosa singular reclamada, resulta insuficiente.

Acción reivindicatoria rechazada en su integridad — Derechos del demandado validados | Confirmado en Corte de Apelaciones de Iquique

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